Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El pasado 16 de marzo se aprobó el Real Decreto-ley que entrará en vigor el 1 de abril de 2023. Este recoge las medidas de la segunda fase de la reforma, contemplando:

• Ampliación de los derechos de los pensionistas
• Reducción de la brecha de género
• Sostenibilidad del sistema público de pensiones

Si profundizamos un poco más en este Real Decreto, podemos destacar:

En lo referente a la cotización, a partir del 1 de abril de 2024 se modifica el tope máximo de cotización. Se actualizará en el mismo porcentaje en que se revaloricen las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

Desde el 1 de enero de 2025 se añade una cotización adicional de solidaridad. Dicho importe se establecerá según la cuantía que se supere de la base máxima de cotización. Será de un 5% si se supera en un 10%, un 6% si se supera entre un 10 y un 50% y de un 7% si se supera en un 50%.

En cuanto a las pensiones, a partir del 1 de abril de 2024 se garantiza la revalorización anual de todas las pensiones contributivas máximas y mínimas según la variación interanual del IPC, incluyendo el complemento de la brecha de género.

Respecto a las pensiones mínimas, a partir del 2027, la cuantía de la jubilación contributiva al ser mayor de 65 años con cónyuge a cargo no podrá ser inferior al umbral de pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.

Respecto al complemento de la brecha de género, con vigencia desde el 1 de octubre de 2023 se equipara el trabajo a tiempo parcial al trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los periodos cotizados para el reconocimiento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y temporal, nacimiento y cuidado del menor, muerte y supervivencia.

En este Real Decreto-ley se incluye una mejora de la prestación de menores afectados por cáncer. Se amplía la protección de los menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave hasta los 26 años, cuando se acredite una discapacidad del 65%. Además, para determinados supuestos, se elimina el requisito exigido para acceder a la prestación de que ambos progenitores trabajen.

También se incluye en el sistema de Seguridad Social las prácticas formativas no laborales. Se da una nueva regulación a la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación y se establecen reglas de cotización.

En conclusión, la aprobación del Real Decreto-ley supone un importante avance en la protección de los derechos de los pensionistas y en la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Las medidas adoptadas buscan reducir la brecha de género y garantizar una pensión digna para todos los ciudadanos, así como mejorar la protección social de los menores afectados por enfermedades graves y garantizar la inclusión en el sistema de Seguridad Social de aquellos que realizan prácticas formativas o académicas externas.